Búsqueda de rentabilidad con principios éticos: una pareja no tan extraña

¿Cuántas veces en el mundo corporativo nos topamos con temas que llaman a la puerta de nuestra curiosidad más allá de los habituales intereses empresariales? ¿Y cuántas veces esos tópicos pueden, además, tener una cierta relevancia social o un impacto real en el complicado –e injusto- mundo en que nos toca vivir?

En general, no son muchas. Y cuando sucede, además de celebrarlo, apetece compartirlo.

Tal fue el caso de la Inversión Socialmente Responsable, una filosofía de inversión que descubrimos a partir de este post para Tu Futuro Próximo, el blog dedicado a la educación financiera de nuestro cliente Santander Consumer Finance.

Para quienes nunca habían oído hablar siquiera del concepto, la inversión sostenible o socialmente responsable (ISR) es aquella que sigue una política de inversión que, adicionalmente a los aspectos financieros, incorpora criterios ambientales, sociales y de buen gobierno (ASG, o ESG por sus siglas en inglés) en el proceso de estudio, análisis y selección de valores de una cartera de inversión. Esto se traduce en la aplicación de una o varias estrategias que permiten definir productos acordes con la filosofía de inversión y con los principios éticos, sociales, ambientales y de gestión establecidos por las distintas entidades inversoras. Esas estrategias van desde la exclusión simple (que elimina del universo de inversión actividades controvertidas), la exclusión en base a normas internacionales o la selección positiva de las entidades con mejor desempeño, entre otras. 

En definitiva, la ISR es una forma de conciliar unos objetivos que muchas veces –demasiadas- están contrapuestos: la búsqueda de rentabilidad y la conciencia social o ciertos valores éticos.

Según se explica en el estudio La dimensión social de la inversión sostenible, elaborado por Spainsif, el foro español de inversión socialmente responsable, “el sistema financiero no es ajeno a la situación social de cada momento e incide en la misma de forma directa y contundente. Los impactos sociales de las finanzas están cada vez más conectados con la creación o pérdida de empleo, al igual que con la capacidad económica de los ciudadanos, siendo, en última instancia, quienes propician el empeoramiento o mejora en la calidad de vida y bienestar social. En el contexto del COVID-19, recesión económica y deterioro del bienestar social, con incidencia directa en la pérdida de puestos de trabajo y restricciones en la capacidad económica (consumo y ahorro), las finanzas sostenibles pueden y deben desempeñar un protagonismo singular, como portadores de soluciones que mitiguen la crisis y permitan una rápida e intensa recuperación económica y social. Como una constante, destaca que la relevancia social tiene cada vez más un valor determinante desde el enfoque del inversor institucional, atendiendo a los criterios de la responsabilidad social corporativa y el aumento del peso que han tomado las opiniones de todas las partes interesadas en el desarrollo de los negocios”.

Tradicionalmente la cuestión ambiental concentra la mayor parte de la inversión sostenible, pero los aspectos sociales (explotación laboral, derechos humanos, discriminación, diversidad e inclusión social, entre otros) también se han contemplado con importancia creciente en los últimos años. 

Entre los componentes sociales destaca la contribución con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas, que incluyen aspectos como acabar con la pobreza y el hambre o alcanzar el crecimiento económico y trabajo digno, entre otros.

En cuanto al marco regulatorio europeo, sobresale la Directiva de información no financiera trasladada a la legislación española en 2018, que presta especial atención a los aspectos sociales de diversidad, género, distribución del trabajo, relaciones con partes interesadas y efectos sobre la comunidad, de los que tienen ya obligación de reportar muchas empresas.

Como dato cuantitativo, el estudio La inversión sostenible y responsable en España 2020 de Spainsif destaca que en 2019 los activos gestionados bajo esta política alcanzaron los 285.454 millones de euros (elaborado a partir de la información de 33 gestoras y propietarios de activos, que representan el 65% del total del mercado). El dato da cuenta de “la consolidación de una tendencia alcista que este tipo de inversión ha seguido en los últimos años, ganando peso con respecto al total”. 

El espíritu de este post no es desarrollar exhaustivamente el concepto que lo inspiró, sino tan solo celebrar su exposición, aplaudir y alentar su difusión por todos los medios y canales posibles y, finalmente, esperanzarnos con la idea de que los gestos que apuntalan los beneficios económicos puedan suponer, en ocasiones, una mejora en términos colectivos. 

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